La Ley 1450 del 16 de junio de 2011, mediante la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno nacional, busca asegurar el uso eficiente de los recursos de la nación, desarrollar estrategias de lucha contra la pobreza y garantizar el desempeño adecuado de las funciones que la Constitución y la ley le asignan.

Está compuesto por una parte estratégica y un plan de inversiones de corto y largo plazo. La primera, señala los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo. Además, plantea las estrategias y orientaciones generales de la política económica, ambiental y social, en especial, las estrategias gubernamentales de lucha contra la pobreza. La parte de inversiones, contiene los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional. También especifica los recursos financieros requeridos para su ejecución.

De acuerdo con el mandatario, este es un plan con políticas concretas para reducir la pobreza, generar trabajo y mantener e incrementar los logros en seguridad.

El Presidente Santos aseguró que “La Ley del Plan Nacional de Desarrollo es la hoja de ruta que diseñamos en el Gobierno para este cuatrienio, un plan que ha sido debatido y enriquecido por el Congreso Nacional en innumerables audiencias públicas a lo largo y ancho del país”.

Según lo contemplado en el artículo 2º del PND, el documento “bases del plan de desarrollo”, es parte integrante del mismo, y en él se hace referencia al sector cooperativo en los siguientes aspectos:

En una de las llamadas locomotoras, la referente al sector minero, se propone evaluar la posibilidad de utilizar esquemas de cooperativismo y asociatividad, para mejorar la competitividad y las prácticas mineras, con el objetivo de hacer un uso eficiente y sostenible de los recursos mineros en armonía con el medio ambiente y la sociedad.

En lo relacionado con el fortalecimiento de la financiación de la educación, se estableció que para mejorar la eficiencia y la equidad en la asignación, transferencia y uso de los recursos para educación preescolar, básica y media se desarrollarán las siguientes estrategias:

“(…) (3) fomentar la participación del sector privado, cajas de compensación y cooperativas en proyectos que consoliden la oferta de educación superior”.

También resalta cinco documentos de política pública que han incentivado las distintas manifestaciones de la participación ciudadana en el país, entre ellos, el documento CONPES 3639 de 2010 que define la política de desarrollo empresarial para el sector de la economía solidaria.

En lo relativo al crecimiento sostenible y competitividad, se estableció que, para promoverlo, se requieren esquemas regulatorios efectivos, eficientes y equilibrados para que las empresas entren, operen y salgan del mercado, de forma que se reasignen los recursos a las actividades más rentables, entendiéndose por empresa cualquier forma jurídica relacionada con el código de comercio y las formas jurídicas que hacen parte del sector de la economía solidaria.

En lo concerniente al desarrollo del sector agropecuario y rural se indicó que es necesario involucrar a los pequeños productores en esquemas asociativos que faciliten su incorporación en procesos de empresarización y articulación con inversionistas privados (negocios inclusivos), que mejoren su productividad y capacidad de negociación y, de esta manera, faciliten su inserción en los mercados. También, en materia agropecuaria, para la reducción de costos, se fortalecerán mecanismos específicos para el uso eficiente de insumos y equipos tecnológicos, además del desarrollo de esquemas asociativos para su compra y distribución.

En materia de vivienda, el PND contempla la necesidad de fortalecer a las entidades financieras y solidarias de microcrédito para que ofrezcan créditos hipotecarios.

En cuanto al fortalecimiento de la financiación de la educación, se propuso, entre otras, fomentar la participación del sector privado, cajas de compensación y cooperativas en proyectos que consoliden la oferta de educación superior.

De otro lado, en el Artículo 4º del PND, que describe el “Plan Nacional de Inversiones Públicas 2011-2014”, se destina la suma de 12.256 millones de pesos al Departamento Administrativo de la Economía Solidaria –DANSOCIAL-, entidad que tiene por objeto dirigir y coordinar la política estatal para la promoción, planeación, protección, fortalecimiento y desarrollo de las organizaciones de la Economía Solidaria.

Finalmente, un cambio introducido por el PND, de especial impacto para el cooperativismo de trabajo asociado, fue la derogatoria del parágrafo transitorio del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, con lo cual se anticipa la vigencia del mismo, prevista inicialmente para el 1 de julio de 2013, razón por la cual, se debe entender que el contenido de dicho artículo entró a regir el mismo día que el PND, es decir, el 16 de junio de 2011.