Habida cuenta que las entidades de supervisión deberán evaluar los impactos de dichas normas, según lo establecido en la ley 1314 de 2009, la Superintendencia de la Economía Solidaria ha llevado a cabo diversas reuniones con representantes del sector, para conocer sus inquietudes y avanzar en una propuesta normativa. La ley señala que para el caso de las entidades sin ánimo de lucro, se contempla un tratamiento especial teniendo en cuenta su naturaleza jurídica y la conformación de su patrimonio.

 

A la fecha el País cuenta con un documento del Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP que fija la orientación que seguirá el gobierno nacional para la convergencia de estas normas. Allí se definen entre otros aspectos los grupos de usuarios.

 

Conozca los objetivos y la ruta a seguir por la Superintendencia